Javier Divany Bárcenas
Ciudad de México, a 30 de septiembre
El Partido de la Revolución Democrática lamenta el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que valida la intromisión del crimen organizado en las elecciones a gubernatura en el estado de Michoacán a favor del candidato de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla.
El PRD emitió un comunicado en el que señala que con este precedente, se avala la violencia de los comicios realizados el pasado 6 de junio y se abre la puerta a que la delincuencia se entrometa en procesos que deberían regirse por la democracia y la legalidad en nuestro país.
“Hoy es un día negro para la democracia en México. A pesar de que las y los magistrados tuvieron en sus manos la posibilidad de impedir que fuera el crimen organizado el que decidiera quién gobierna y quién no en Michoacán, decidieron validar unas elecciones plagadas de irregularidades y violación de derechos humanos.
“Este dictamen no solo demuestra que el Estado de Derecho en México ha sido violado, sino que el derecho de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes corre un grave peligro”, señala el partido del sol azteca.
De cara a las elecciones intermedias de 2022 y 2023, así como los comicios presidenciales de 2024, la decisión de la Sala Superior marca un antecedente que vulnera el ejercicio democrático del voto y pone a las y los mexicanos a merced de los caprichos e intereses de la delincuencia organizada.
Por más que se intente disfrazar de “legal” este fallo, la postura del máximo órgano de justicia electoral mexicano marcará una línea de impunidad que es inadmisible para una nación soberana como la nuestra.
“Los ojos del mundo están puestos sobre México. No han sido pocas las señales de alarma a nivel internacional por la alianza que el partido en el gobierno ha hecho con el crimen organizado para corromper el pasado proceso electoral.
“Frente al rechazo e indiferencia que el gobierno federal ha demostrado, se presentaron durante los últimos meses diversos recursos jurídicos que acreditan estos actos criminales ante instancias como la Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señala.
Desde nuestro partido hacemos un llamado a no quitar el dedo del renglón y continuar denunciando ante organismos internacionales las vinculaciones con los poderes fácticos y el partido del Gobierno, Morena, el cual ha violentado la voluntad ciudadana, ya en el proyecto se admitió la injerencia del crimen organizado pero no es considerada como un hecho probatorio que vulnere el proceso y que determine la nulidad de la elección a la gubernatura de Michoacán.
Buscaremos los mecanismos, iniciativas y acciones necesarias que abonen a que este precedente negativo no sea un accionar constante para siguientes procesos. Ningún gobierno sostenido por la delincuencia organizada será legítimo en México.
Por su parte, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRI) en la Cámara de Diputados censuró que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cedieran ante los poderes fácticos presentes en el pasado proceso electoral federal del 6 de junio y no anularan la contienda de Michoacán donde, se evidenció, hubo clara injerencia del crimen organizado que operó para dar el triunfo al morenista Alfredo Ramírez Bedolla.
En entrevista, Luis E. Cházaro, coordinador parlamentario del PRD en este recinto legislativo calificó este día como “negro” para Michoacán y el país entero tras la resolución que –incluso- fue aplazada varias veces hasta reconocer que hubo irregularidades e injerencia del crimen organizado; pero no aceptaron anular el proceso. “Habría que preguntarles cuáles fueron los motivos”.
“Igual que el gobernador, no compartimos el fallo, pero lo vamos a respetar porque somos un partido de instituciones que las respeta; no obstante, nos parece un sinsentido que, reconociendo que hubo injerencia del crimen organizado y anulando –incluso- algunas casillas y municipios, se recurra al viejo adagio del: Sí robó; pero poquito que, en este caso, se traduciría en: ´Sí hubo injerencia, pero no suficiente para anular’. No entendemos entonces –dijo- cuál sería el criterio de las y los magistrados para determinar hasta dónde fue esta intervención”.
Luis E. Cházaro destacó en este contexto que preocupa el futuro no solo de Michoacán y sus habitantes, sino de todo el país pues con esta resolución queda el antecedente de que el crimen organizado puede entrometerse en una elección y nuestros jueces lo convalidan.
El PRD anunció que seguirá en la lucha por que esto no continúe. Es un mal precedente del Tribunal reconocer, por una parte, que hubo una injerencia y no anular la elección.
“Quizá cuando, desde Palacio Nacional, plantearon a las y los magistrados que renunciaran, entendieron que debían renunciar, pero a sus principios de impartición de justicia, de objetividad. Lo que vimos ayer fue producto de ese temor de aplicar la ley con toda determinación”, lo que lamentó el legislador.